El marco de IA de Trump se centra en las normativas estatales y atribuye la responsabilidad de la seguridad infantil a los padres

El Gobierno de Trump presentó el viernes un marco legislativo destinado a establecer una política única y nacional en materia de inteligencia artificial en Estados Unidos. La propuesta consolidaría la autoridad reguladora en Washington al prevalecer sobre las leyes estatales en materia de IA, lo que podría contrarrestar la reciente oleada de iniciativas estatales para regular el uso y el desarrollo de esta tecnología.

«Este marco solo puede tener éxito si se aplica de manera uniforme en todo Estados Unidos», afirmó un comunicado de la Casa Blanca. «Un mosaico de leyes estatales contradictorias socavaría la innovación estadounidense y nuestra capacidad para liderar la carrera mundial de la IA».

El marco esboza siete prioridades clave centradas en promover la innovación y ampliar la IA, abogando por un enfoque federal centralizado que sustituiría a las normas estatales más estrictas. Asigna una responsabilidad considerable a los padres en cuestiones como la seguridad infantil, al tiempo que esboza expectativas relativamente flexibles y no vinculantes en cuanto a la responsabilidad de las plataformas.

Por ejemplo, sugiere que el Congreso debería obligar a las empresas de IA a implementar funciones para «reducir los riesgos de explotación sexual y daños a menores», pero no llega a detallar ningún requisito específico y exigible.

Esta propuesta sigue a una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump hace tres meses, en la que se ordenaba a las agencias federales impugnar las regulaciones estatales sobre IA. Esa orden concedía al Departamento de Comercio 90 días para elaborar una lista de leyes estatales consideradas «onerosas», una medida que podría poner en peligro el acceso de los estados a la financiación federal, como las subvenciones para la banda ancha. La agencia aún no ha publicado dicha lista.

La orden también instruía a la Administración a colaborar con el Congreso en una ley uniforme sobre IA. Este último marco pone de relieve esa visión, reflejando la estrategia previa de Trump en materia de IA, que daba prioridad al crecimiento empresarial frente a las regulaciones restrictivas.

El nuevo marco aboga por una «norma nacional mínimamente onerosa», en consonancia con un impulso más amplio de la administración para «eliminar barreras obsoletas o innecesarias a la innovación» y acelerar la adopción de la IA en todos los sectores. Este enfoque favorable al crecimiento y de mano ligera cuenta con el apoyo de los llamados «aceleracionistas», entre los que se encuentra el zar de la IA de la Casa Blanca y capitalista de riesgo David Sacks.

Aunque reconoce los principios federalistas, el marco ofrece a los estados solo excepciones limitadas, preservando su autoridad únicamente sobre las leyes generales relativas al fraude, la protección de la infancia, la zonificación y el uso de la IA por parte del gobierno estatal. Se opone firmemente a que los estados regulen el desarrollo básico de la IA, argumentando que se trata de una cuestión «intrínsecamente interestatal» vinculada a la seguridad nacional y la política exterior.

El marco también pretende proteger a los desarrolladores impidiendo que los estados «penalicen a los desarrolladores de IA por la conducta ilegal de un tercero relacionada con sus modelos».

Destaca la ausencia de propuestas sobre marcos de responsabilidad, supervisión independiente o mecanismos de aplicación para abordar posibles daños novedosos derivados de la IA. En la práctica, el plan centralizaría la formulación de políticas de IA en Washington, al tiempo que limitaría significativamente la capacidad de los estados para actuar como reguladores tempranos de los riesgos emergentes.

Los críticos argumentan que los estados actúan como laboratorios de la democracia y han sido más ágiles a la hora de legislar sobre nuevos peligros. Leyes como la RAISE Act de Nueva York y la SB-53 de California, por ejemplo, pretenden obligar a las grandes empresas de IA a establecer y seguir protocolos de seguridad documentados públicamente.

«El zar de la IA de la Casa Blanca, David Sacks, sigue haciendo el juego a las grandes tecnológicas a costa de los estadounidenses de a pie y trabajadores», afirmó Brendan Steinhauser, director ejecutivo de The Alliance for Secure AI. «Este marco federal de IA pretende impedir que los estados legislen sobre la IA y no ofrece ninguna vía de rendición de cuentas para los desarrolladores de IA por los daños causados por sus productos».

Muchos en el sector de la IA acogen con satisfacción esta orientación, ya que les otorga mayor libertad para «innovar» sin la amenaza inminente de la regulación.

«Este marco es exactamente lo que las startups han estado pidiendo: una norma nacional clara que les permita desarrollar sus proyectos rápidamente y escalar», declaró a TechCrunch Teresa Carlson, presidenta del General Catalyst Institute. «Los fundadores no deberían tener que lidiar con un mosaico de leyes estatales contradictorias sobre IA que obstaculizan la innovación».

Seguridad infantil, derechos de autor y libertad de expresión

El marco llega en un momento en que la seguridad infantil se ha convertido en un tema central en el debate sobre la IA. Mientras que algunos estados han actuado de forma agresiva para aprobar leyes que protejan a los menores y aumenten la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la propuesta de la Administración adopta un enfoque diferente, haciendo hincapié en el control parental frente a la responsabilidad de las plataformas.

«Los padres son los más capacitados para gestionar el entorno digital y la educación de sus hijos», afirma el marco. «La Administración insta al Congreso a dotar a los padres de herramientas para hacerlo de forma eficaz, como controles de cuentas para proteger la privacidad de sus hijos y gestionar el uso de sus dispositivos».

También señala que la Administración «cree» que las plataformas de IA deberían «implementar funciones para reducir la posible explotación sexual de menores y el fomento de las autolesiones». Aunque insta al Congreso a exigir tales salvaguardias y afirma que las leyes vigentes contra los materiales de abuso sexual infantil se aplican a la IA, la propuesta utiliza calificativos como «comercialmente razonable» y evita establecer normas claras y definitivas.

En materia de derechos de autor, el marco busca un término medio entre la protección de los creadores y la autorización del entrenamiento de la IA con obras existentes, citando la doctrina del «uso legítimo». Este lenguaje se hace eco de los argumentos esgrimidos por las empresas de IA que se enfrentan a un número creciente de demandas por derechos de autor en relación con sus datos de entrenamiento.

Las principales salvaguardias esbozadas en el marco consisten en garantizar que «la IA pueda buscar la verdad y la precisión sin limitaciones». Se centra especialmente en prevenir la censura impuesta por el Gobierno, más que en regular la moderación de las plataformas en sí.

«El Congreso debería impedir que el Gobierno de los Estados Unidos coaccione a los proveedores de tecnología, incluidos los de IA, para que prohíban, impongan o alteren contenidos basándose en agendas partidistas o ideológicas», reza el marco. Además, insta al Congreso a establecer un recurso legal para los estadounidenses contra las agencias gubernamentales que intenten censurar la expresión en las plataformas de IA o dictar su producción de información.

Esta publicación coincide con una demanda de Anthropic contra el Gobierno, en la que alega violaciones de los derechos de la Primera Enmienda después de que el Departamento de Defensa calificara a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro. Anthropic afirma que dicha designación es una represalia por negarse a que su IA se utilice con fines militares para la vigilancia masiva o el uso de armas autónomas. Trump ha criticado anteriormente a Anthropic y a su director ejecutivo, Dario Amodei, tachándolos de izquierdistas «woke» y «radicales».

El énfasis del marco en proteger la «expresión política legítima o la disidencia» se basa en la anterior orden ejecutiva de Trump dirigida contra la denominada «IA woke», que presionó a las agencias federales para que adoptaran sistemas ideológicamente neutrales.

La ambigüedad entre lo que constituye censura y la moderación estándar de contenidos podría complicar los esfuerzos de los reguladores para coordinarse con las plataformas en la lucha contra la desinformación, la injerencia electoral o las amenazas a la seguridad pública.

Samir Jain, vicepresidente de políticas del Centro para la Democracia y la Tecnología, señaló: «[El marco] afirma acertadamente que el Gobierno no debe coaccionar a las empresas de IA para que prohíban o alteren contenidos basándose en “agendas partidistas o ideológicas”, pero la orden ejecutiva sobre la “IA woke” de la Administración de este verano hace precisamente eso».