El Colegio de Abogados: La legislación vigente es suficiente para la era de la IA

Mientras los ministros del Gobierno presionan para flexibilizar la normativa con el fin de acelerar la adopción de la IA, el Colegio de Abogados sostiene que la clave para los abogados es simplemente comprender cómo se aplican ya las leyes vigentes.

El Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) ha publicado una convocatoria de pruebas sobre un «Laboratorio de Crecimiento de la IA» propuesto. Este entorno de pruebas intersectorial tiene como objetivo acelerar el despliegue de tecnologías autónomas ofreciendo a las empresas «exenciones normativas de duración limitada». El Gobierno sostiene que muchas normativas existentes son obsoletas, ya que se crearon antes de la aparición del software autónomo y suelen partir de la base de que las decisiones las toman personas, en lugar de máquinas.

Los ministros creen que, al actuar con mayor rapidez que sus rivales globales, el Reino Unido puede obtener una ventaja económica decisiva, lo que podría añadir 140 000 millones de libras a la producción nacional para 2030. Su análisis preliminar destaca los servicios jurídicos como un sector en el que la eliminación de «barreras legales innecesarias» podría generar miles de millones en valor durante los próximos diez años.

Sin embargo, la profesión jurídica —supuestamente la principal beneficiaria de esta desregulación— no busca exenciones. En su respuesta formal, el Colegio de Abogados declaró que el marco actual es suficientemente sólido. La fricción no proviene de las normas en sí mismas, sino de la incertidumbre que las rodea. Aunque dos tercios de los abogados ya utilizan herramientas de IA, la confusión sigue siendo el mayor obstáculo para una integración más profunda.

Ian Jeffery, director ejecutivo de la Law Society, comentó: «La innovación en IA es esencial para el sector jurídico y ya tiene un fuerte impulso. El marco regulatorio jurídico actual respalda el progreso. Los principales retos no provienen de las cargas regulatorias, sino de la incertidumbre, el coste, los datos y las competencias que implica la adopción de la IA».

En lugar de una reforma normativa, la profesión busca una hoja de ruta práctica. Los bufetes operan actualmente en una zona gris en lo que respecta a la responsabilidad y la protección de datos. Los abogados necesitan orientaciones claras sobre si los datos de los clientes deben ser anonimizados antes de introducirlos en las plataformas de IA, y requieren protocolos estandarizados para la seguridad y el almacenamiento de datos.

Las cuestiones se complican cuando se producen errores. Si una herramienta de IA ofrece un asesoramiento jurídico perjudicial, actualmente no está claro quién asume la responsabilidad: el abogado, el bufete, el desarrollador o la aseguradora. También existe ambigüedad en torno a los requisitos de supervisión, en particular sobre si un abogado humano debe supervisar cada caso de implementación de la IA.

Estas preocupaciones son especialmente acuciantes en el caso de las «actividades jurídicas reservadas», como la representación ante los tribunales, la tramitación de escrituras de propiedad y la sucesión, en las que los profesionales deben saber si el uso de asistencia automatizada supondría un incumplimiento de sus obligaciones profesionales.

Las leyes sobre IA deben mantener las salvaguardias

El Gobierno ha intentado tranquilizar a la ciudadanía asegurando que el «sandbox» incluirá «líneas rojas» para proteger los derechos fundamentales y la seguridad. Sin embargo, el Colegio de Abogados se mantiene cauteloso ante cualquier medida que pueda debilitar la protección del consumidor en nombre de la rapidez.

«El progreso tecnológico en el sector jurídico no debe exponer a los clientes o consumidores a riesgos no regulados», afirmó Jeffery. «La normativa actual de la profesión incorpora las salvaguardias que el Parlamento consideró esenciales para proteger a los clientes y al público. Mantiene la confianza en el sistema jurídico de Inglaterra y Gales en todo el mundo».

La organización está dispuesta a participar en un «sandbox de servicios jurídicos», pero solo si este respeta las normas profesionales en lugar de eludirlas. Para The Law Society, la prioridad es preservar la integridad del sistema judicial en la era de la IA.

«La Law Society apoya firmemente la innovación siempre que sea coherente con la integridad profesional y se desarrolle dentro de un entorno regulatorio sólido», afirmó Jeffery. «El Gobierno debe colaborar con los reguladores y organismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de las normas profesionales del sector. Cualquier cambio en la regulación jurídica debe contar con la supervisión parlamentaria».

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