Según un documento judicial, el Pentágono comunicó a Anthropic que la alineación estaba próxima una semana después de que Trump declarara que la relación había terminado

Anthropic presentó dos declaraciones juradas ante un tribunal federal de California a última hora de la tarde del viernes, en las que refuta la afirmación del Pentágono de que la empresa de IA representa un «riesgo inaceptable para la seguridad nacional». La empresa sostiene que los argumentos del Gobierno se basan en malentendidos técnicos y en afirmaciones que nunca se plantearon durante los meses de negociaciones previos al litigio.

Las declaraciones acompañaban al escrito de réplica de Anthropic en su demanda contra el Departamento de Defensa, presentado justo antes de una vista prevista para el martes 24 de marzo ante la jueza Rita Lin en San Francisco.

El conflicto se remonta a finales de febrero, cuando el presidente Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth anunciaron que rompían sus vínculos con Anthropic después de que la empresa se negara a permitir el uso militar sin restricciones de su tecnología de IA.

Las dos personas que presentaron las declaraciones son Sarah Heck, directora de políticas de Anthropic, y Thiyagu Ramasamy, director del sector público de la empresa.

Heck es una antigua funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional que trabajó en la Casa Blanca durante la administración Obama antes de pasar a Stripe y, posteriormente, a Anthropic, donde supervisa las relaciones gubernamentales y las iniciativas políticas de la empresa. Ella estuvo presente en la reunión del 24 de febrero en la que el director ejecutivo, Dario Amodei, se reunió con el secretario de Defensa, Hegseth, y el subsecretario del Pentágono, Emil Michael.

En su declaración, Heck destaca lo que ella denomina una falsedad fundamental en los documentos presentados por el Gobierno: que Anthropic buscara algún tipo de autoridad de aprobación sobre las operaciones militares. Esa afirmación, dice, es simplemente falsa. «En ningún momento durante las negociaciones de Anthropic con el Departamento, ni yo ni ningún otro empleado de Anthropic afirmamos que la empresa quisiera ese tipo de función», escribió.

También señala que la preocupación del Pentágono de que Anthropic pudiera desactivar o alterar su tecnología en medio de una operación nunca se mencionó durante las negociaciones. En cambio, afirma, surgió por primera vez en los documentos judiciales del Gobierno, sin dar a Anthropic oportunidad alguna de responder.

Otro detalle de la declaración de Heck que probablemente llamará la atención es que el 4 de marzo —el día después de que el Pentágono formalizara su designación de riesgo para la cadena de suministro contra Anthropic —, el subsecretario Michael envió un correo electrónico a Amodei en el que afirmaba que ambas partes estaban «muy cerca» de llegar a un acuerdo sobre las dos cuestiones que el Gobierno cita ahora como prueba de que Anthropic es una amenaza para la seguridad nacional: sus posturas sobre las armas autónomas y la vigilancia masiva de los estadounidenses.

Vale la pena leer el correo electrónico, que Heck incluye como anexo a su declaración, junto con las declaraciones públicas de Michael en los días siguientes. El 5 de marzo, Amodei publicó un comunicado en el que afirmaba que la empresa había mantenido «conversaciones productivas» con el Pentágono. Al día siguiente, Michael publicó en X que «no hay ninguna negociación activa del Departamento de Guerra con Anthropic». Una semana más tarde, declaró a la CNBC que no había «ninguna posibilidad» de reanudar las conversaciones.

El argumento de Heck parece ser: si la postura de Anthropic sobre esas dos cuestiones es lo que la convierte en una amenaza para la seguridad nacional, ¿por qué el propio funcionario del Pentágono afirmó que ambas partes estaban prácticamente de acuerdo en esas mismas cuestiones justo después de que se concretara la designación?

Ramasamy aporta un tipo diferente de experiencia al caso. Antes de incorporarse a Anthropic en 2025, pasó seis años en Amazon Web Services supervisando implementaciones de IA para clientes gubernamentales, incluidos entornos clasificados. En Anthropic, se le atribuye la creación del equipo que introdujo sus modelos Claude en contextos de seguridad nacional y defensa, incluido el contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono anunciado el verano pasado.

Su declaración aborda la alegación del Gobierno de que Anthropic podría, en teoría, interferir en las operaciones militares desactivando la tecnología o alterando su comportamiento, lo que, según Ramasamy, no es técnicamente viable. Según él, una vez que Claude se implementa en un sistema «aislado» y protegido por el gobierno, operado por un contratista externo, Anthropic no tiene acceso a él; no hay ningún interruptor de apagado remoto, ni puerta trasera, ni mecanismo para forzar actualizaciones no autorizadas. Cualquier idea de un «veto operativo» es una ficción, sugiere, y explica que cualquier cambio en el modelo requeriría la aprobación explícita del Pentágono y una acción para su instalación.

Anthropic, afirma, ni siquiera puede ver lo que los usuarios del Gobierno escriben en el sistema, y mucho menos extraer esos datos.

Ramasamy también cuestiona la afirmación del Gobierno de que la contratación de ciudadanos extranjeros por parte de Anthropic convierte a la empresa en un riesgo para la seguridad. Señala que los empleados de Anthropic se han sometido a la investigación de seguridad del Gobierno de EE. UU. —el mismo proceso de verificación de antecedentes que se exige para acceder a información clasificada— y añade en su declaración que, «que yo sepa», Anthropic es la única empresa de IA en la que personal con autorización de seguridad ha construido realmente los modelos de IA diseñados para operar en entornos clasificados.

La demanda de Anthropic sostiene que la designación de riesgo para la cadena de suministro —la primera que se aplica a una empresa estadounidense— constituye una represalia del Gobierno por las opiniones expresadas públicamente por la empresa sobre la seguridad de la IA, lo que viola la Primera Enmienda.

El Gobierno, en un escrito de 40 páginas presentado a principios de esta semana, rechazó por completo esa interpretación, afirmando que la negativa de Anthropic a permitir todos los usos militares legales de su tecnología era una decisión empresarial, no una expresión protegida, y que la designación era una simple determinación de seguridad nacional, no un castigo por las opiniones de la empresa.