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Musk y Zuckerberg presionan conjuntamente a Trump para que suspenda la normativa de emergencia sobre IA en EE. UU.
El presidente Donald Trump canceló de improviso el jueves una ceremonia muy esperada para la firma de un decreto ejecutivo sobre IA, cuyo objetivo original era reforzar la supervisión gubernamental de la inteligencia artificial. Según fuentes internas, el decreto se vino abajo en la Casa Blanca apenas unas horas antes del evento, tras la feroz oposición de las principales empresas tecnológicas.
Al parecer, Trump tenía poco interés en regular la IA desde el principio. Más tarde declaró a la prensa que no le gustaban ciertas disposiciones, por temor a que unas normas excesivamente estrictas pudieran frenar el liderazgo mundial de EE. UU. en la industria de la IA.
El cabildeo de última hora de las grandes tecnológicas cambió el rumbo
La cancelación de última hora se debió en gran medida a las presiones coordinadas de los líderes tecnológicos. La noche anterior y la madrugada de la firma prevista, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el fundador de xAI, Elon Musk, hablaron directamente con Trump.
Tanto los magnates tecnológicos como el asesor de IA de la Casa Blanca, David Sacks, se opusieron firmemente a la orden ejecutiva. Argumentaron que el proyecto de ley regulador impulsado por los «pesimistas de la IA» era innecesario y solo obstaculizaría a las empresas tecnológicas estadounidenses durante su fase de rápido crecimiento.
Las luchas de poder entre departamentos avivaron los conflictos internos en la Casa Blanca
Más allá de la resistencia de las grandes tecnológicas, el borrador de la orden ejecutiva también provocó feroces luchas de poder dentro del Gobierno. Agencias como la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, que anteriormente lideraba las revisiones de ciberseguridad y tecnología, se mostraron profundamente descontentas porque el borrador otorgaba la autoridad central al Departamento del Tesoro.
Además, el borrador exigía a las empresas compartir datos con el Gobierno hasta 90 días antes de lanzar los modelos, lo que desató debates sobre si eso obstaculizaría las pruebas de seguridad con los aliados de EE. UU. Actualmente, la facción «proaceleración» tiene la sartén por el mango en la Casa Blanca, y el texto de la orden ejecutiva se ha vuelto cada vez más difícil de coordinar entre intereses contrapuestos.
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