Cifrado, software espía, Mythos: la historia demuestra que los controles a la exportación de productos cibernéticos no funcionan

El viernes pasado, alegando motivos de seguridad nacional no especificados, la Casa Blanca ordenó a Anthropic que restringiera las exportaciones de sus potentes modelos de IA, Fable y Mythos, a cualquier persona fuera de Estados Unidos —incluidos los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país—. Poco después, la empresa de IA desactivó rápidamente ambos modelos, que llevan ya una semana fuera de servicio.

Este episodio supone la primera prueba real de si el Gobierno de EE. UU. puede utilizar los controles de exportación para contener la IA de vanguardia, al igual que intentó anteriormente —con resultados dispares— controlar el cifrado y el software espía. Por dramático que parezca, la forma en que se resuelva este enfrentamiento podría determinar no solo el acceso de Anthropic a los mercados extranjeros, sino también las normas que deberán seguir otros laboratorios de IA.

Un poco de contexto: desde que Anthropic lanzó Mythos en abril, la empresa lo ha promocionado como una especie de máquina cibernética apocalíptica que podría causar estragos en Internet si se difundiera demasiado. Por eso, antes de la prohibición, solo unas 150 empresas y organizaciones gubernamentales previamente evaluadas tenían acceso a él. El objetivo era ayudar a los defensores a proteger su software y sus servicios antes de que actores malintencionados pudieran alcanzar capacidades similares a las de Mythos.

¿Qué desencadenó entonces la prohibición? Según se informa, dos sucesos consecutivos. En primer lugar, Anthropic concedió acceso a Mythos a una empresa de telecomunicaciones surcoreana a través de su programa de socios limitados. Las autoridades estadounidenses se alarmaron tras identificar a la empresa como una de las que sospechaban que tenía vínculos con China. (La empresa, de la que se ha informado ampliamente que es SK Telecom, ha negado cualquier conexión con China). En segundo lugar, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, alertó supuestamente al Gobierno después de que, según afirmó, los propios investigadores de Amazon encontraran una forma de eludir las medidas de seguridad de Fable 5. Anthropic rebate la etiqueta de «jailbreak», calificándola de problema puntual y ya solucionado, en lugar de una derrota generalizada de las medidas de seguridad del modelo.

El resultado fue el mismo: el Departamento de Comercio emitió una directiva de control de exportaciones y, según algunas fuentes, Anthropic tuvo que actuar con urgencia para limitar el acceso a sus productos en unos 90 minutos tras recibir la notificación.

Sin embargo, nada de esto es nuevo. Los gobiernos llevan décadas intentando utilizar los controles de exportación para limitar la difusión de lo que consideran tecnología cibernética peligrosa, pero su historial ha sido, en el mejor de los casos, mediocre.

El Gobierno de EE. UU. estuvo detrás de lo que quizá sea el fracaso más espectacular de este enfoque en la historia, a principios y mediados de la década de 1990. En aquella época, los informáticos estaban desarrollando tecnologías de cifrado para proteger los datos mientras circulaban por Internet. Uno de esos productos de cifrado era Pretty Good Privacy (PGP), un popular software capaz de cifrar datos y hacer que fuera prácticamente imposible descifrarlos, incluso si eran interceptados mientras se dirigían a su destinatario.

El Gobierno de EE. UU. consideró inicialmente que PGP era un arma peligrosa, por temor a que impidiera a las agencias de inteligencia espiar los correos electrónicos mientras transitaban por sus redes. Para detener su distribución, el Servicio de Aduanas de EE. UU. abrió una investigación penal contra el creador de PGP, Phil Zimmermann, por presuntamente violar los controles de exportación de armas. Él se defendió publicando el código fuente de PGP en un libro impreso, lo que desencadenó lo que hoy se conoce como las «guerras criptográficas».

Zimmermann ganó más tarde una batalla clave cuando se archivó la investigación, allanando el camino para algoritmos cruciales de cifrado de extremo a extremo como el que utilizan miles de millones de usuarios de Signal y WhatsApp.

Más tarde, a principios de la década de 2010, los investigadores comenzaron a descubrir software espía de fabricación occidental utilizado contra disidentes en Oriente Medio. En respuesta, varios gobiernos acordaron ampliar el Acuerdo de Wassenaar, un tratado internacional que limita la exportación de software y tecnologías de doble uso empleadas tanto en aplicaciones civiles como militares.

La idea era clasificar el software de vigilancia y piratería informática como de doble uso, obligando a los fabricantes de software espía a obtener licencias de exportación para vender sus productos en el extranjero.

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Pero el Acuerdo de Wassenaar siempre ha tenido dos debilidades inherentes. Varios países no se adhieren al acuerdo, entre ellos Israel, que alberga a algunos de los fabricantes de software espía más activos del mundo.

El acuerdo también depende de que los países lo apliquen a las empresas dentro de sus fronteras a su propia discreción. Durante un tiempo, el Gobierno italiano concedió a uno de sus principales fabricantes de software espía de entonces, Hacking Team, una licencia para exportar sus herramientas a todo el mundo, a pesar del historial de la empresa en la venta de software espía a gobiernos opresivos que lo utilizaban para hackear a periodistas y activistas de derechos humanos.

Desde entonces, otros países europeos han mostrado la misma laxitud que Italia con los fabricantes de software espía. A pesar de los numerosos escándalos, Europa —sede de muchos fabricantes de software espía y herramientas de piratería informática— ha fracasado continuamente a la hora de frenar las exportaciones de software espía a regímenes autoritarios. Los críticos afirman que el esfuerzo recientemente renovado en el bloque de los 27 Estados miembros para abordar su creciente problema de exportaciones de software espía a Estados autoritarios «no va lo suficientemente lejos».

Varios fabricantes de software espía, como Intellexa —un consorcio de empresas de este tipo sujeto a sanciones—, simplemente han trasladado sus operaciones a países con controles de exportación laxos. Otros fabricantes de software espía intentaron trasladar sus operaciones a Arabia Saudí por motivos similares.

Ha habido algunos logros. El fabricante de software espía con sede en Alemania FinFisher cerró en 2022 tras una investigación de varios años llevada a cabo por la fiscalía alemana sobre la empresa por supuestamente vender software espía a Turquía sin licencia de exportación. Los investigadores habían descubierto anteriormente que el software espía de FinFisher se había instalado en los teléfonos de personas críticas con el Gobierno turco.

En el momento de redactar este artículo, persiste el punto muerto entre Anthropic y la Administración Trump. Existe una probabilidad razonable de que la Administración ceda y levante la restricción con el fin de mantener la competitividad de las empresas estadounidenses de IA a nivel mundial —una medida que equivaldría a un reconocimiento tácito de que los laboratorios de IA de otros países, incluida China, probablemente alcanzarán capacidades similares independientemente de las restricciones de EE. UU.—. O bien, las empresas estadounidenses de IA podrían acabar necesitando la aprobación del Gobierno antes de prestar servicio a clientes extranjeros, una carga normativa que, inevitablemente, mermaría sus resultados económicos.

Teniendo en cuenta las experiencias pasadas con gobiernos que han intentado controlar el alcance del software, es poco probable que los controles de exportación impuestos por el gobierno sean el enfoque adecuado para impedir que actores malintencionados hagan un uso indebido de potentes tecnologías cibernéticas de doble uso.