California rechaza la iniciativa federal para flexibilizar las normas sobre inteligencia artificial y promueve proyectos de ley estatales estrictos en materia de transparencia de los modelos, prevención de riesgos e informes de cumplimiento. Esta medida se opone a la postura desreguladora de Washington, con el objetivo de sentar un precedente nacional y proteger el interés público frente a los daños causados por los algoritmos, en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno federal y los estados.