El gobernador de Texas, Abbott, ha lanzado la advertencia más severa hasta la fecha al sector de la inteligencia artificial, acusando a las empresas de centros de datos de no haber conseguido el apoyo de la comunidad y achacándoles la oposición actual. Ha dado un giro a su postura anterior, que consistía en atraer activamente este tipo de inversiones (incluido un plan de 4.000 millones de dólares con Google anunciado en noviembre), y ha ordenado que se realicen auditorías antes de que los centros de datos se conecten a la red eléctrica, al tiempo que exige el pago íntegro de los costes de la infraestructura eléctrica y el fin de los incentivos fiscales. El gobernador de Pensilvania, Shapiro, y la gobernadora de Nueva York, Hochul, han tomado medidas similares. La creciente oposición pública —el 61 % de los estadounidenses se opone a nuevos centros de datos locales y el descontento de los votantes amenaza los escaños republicanos en el Senado— ha empujado a Abbott a dar estos pasos.